La reciente Ley 1/2026, Universitaria para Andalucía redefine el marco del Sistema Universitario Andaluz (SUA) definido como el conjunto de universidades públicas y privadas,con sus centros y estructuras asociadas. Con un enfoque más exigente en calidad, planificación y rendición de cuentas, la norma representa un cambio que afecta directamente a la forma de diseñar programas, gestionar la oferta formativa y posicionarse en el entorno académico.
Partiendo de la premisa de que la educación es un derecho fundamental y que el servicio público de educación superior debe prestarse bajo estrictos estándares de calidad, la norma responde a la necesaria adecuación de la normativa andaluza a la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU) y los reales decretos estatales sobre la organización de enseñanzas y la creación de universidades. Igualmente, constata que una sociedad cambiante requiere una oferta de títulos más flexible, mayor internacionalización y una conexión más estrecha con el sector productivo.
Funciones de la universidad.
La Ley desarrolla las tres misiones esenciales de la universidad: docencia, investigación y transferencia de conocimiento, destacando como novedades más significativas:
- La creación de un repositorio autonómico andaluz de investigaciones.
- La regulación de las microcredenciales como unidades formativas de corta duración, evaluables y susceptibles de reconocimiento para títulos oficiales, facilitando el aprendizaje a lo largo de la vida.
- Una mayor especialización y exigencia en el nivel de idiomas tanto para el estudiantado como para el profesorado.
- El refuerzo del control de calidad de los títulos propios, permitiendo su impartición también en centros adscritos bajo convenios específicos.
La comunidad universitaria.
En relación con este colectivo, la Ley regula los derechos y deberes del personal y del alumnado, destacando el reconocimiento del paro académico como un derecho regulado para el estudiantado.
En materia de becas y ayudas, se establece la obligación de que las universidades privadas y centros adscritos privados destinen al menos el 3% de su presupuesto a esta finalidad, garantizando la transparencia en su concesión.
Junto a la planificación plurianual de plantillas de personal docente e investigador, se regulan los complementos autonómicos ligados a la docencia, investigación, transferencia y gestión, evaluados por la agencia de calidad ACCUA. Igualmente, se obliga a la publicación de las contrataciones e incidencias en el diario oficial y al registro actualizado de datos en las hojas de servicios. Otra novedad importante es la obligatoriedad de contar con una figura de intervención para el control económico interno.
Coordinación e internacionalización.
La coordinación recae en la Consejería competente en materia de universidades. Los instrumentos clave son:
- El Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria sustituye al anterior consejo, simplificando su estructura y permitiendo la participación de rectores de universidades privadas.
- Se regula de forma más detallada el Consejo Asesor para asegurar la voz del alumnado en la política universitaria.
- Se fomenta la creación de títulos conjuntos internacionales y se otorga a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) un papel coordinador en este ámbito.
Gobernanza.
Se introducen los campus universitarios como complejos territoriales organizativos.
En materia de gobernanza de las universidades públicas, se limita la capacidad de nombrar personal eventual del Rector o Rectora y se refuerza el papel de conexión con la sociedad del Consejo Social, cuyo reglamento de organización debe ser aprobado por la Consejería, pasando a ser trienales sus planes de actuación.
Régimen económico y transparencia.
La Ley establece un modelo de financiación orientado a alcanzar el 1% del PIB. Se introducen principios de eficacia y eficiencia, permitiendo el uso de remanentes no afectados bajo ciertas condiciones.
Las principales novedades en esta materia son:
- Obligatoriedad de un sistema de contabilidad analítica.
- Creación de un Consejo de Integridad en cada universidad.
- Implementación de canales de denuncias, códigos éticos y planes de buenas prácticas.
- Publicidad activa de los trabajos de fin de grado, máster y tesis doctorales en repositorios en línea.
Creación de nuevas universidades y calidad.
Se endurecen las condiciones para la creación y reconocimiento de nuevas universidades, especialmente privadas, introduciéndose requisitos como:
- Exigencia de solvencia económico-financiera y experiencia contrastada en educación superior.
- Obligación de destinar terrenos y edificios exclusivamente al uso universitario.
- Evaluación periódica de la actividad investigadora mediante indicadores reglamentarios.
La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) es el órgano clave para la evaluación de la calidad de todo el sistema. La inspección universitaria de la Junta de Andalucía asume, en los términos previstos por el Primer Plan de Inspección Universitaria, velar por la legalidad y garantizar la calidad de la enseñanza de educación superior.
En suma, esta Ley, a la que las universidades deberán adaptarse en un plazo máximo de tres años, representa un esfuerzo integral por incrementar la calidad en centros y procesos, asegurando al mismo tiempo la transparencia, la sostenibilidad financiera y el compromiso social de la institución universitaria.
